Tengo un amigo de 56 años que lleva tres prejubilado. El otro día me contaba que los 300.000 prejubilados que hay en España deberían organizarse para tratar de encontrar una respuesta a sus muchos problemas. Me sorprendió porque yo creía que la prejubilación era, en cualquier caso, una solución y nunca un problema para los que pueden disfrutar de ella. Reconozco la torpeza de analizar muchas veces la situación desde el lado de los que tenemos empleo y no nos sentimos, como mi amigo, excluidos totalmente de un mercado laboral al que difícilmente podrán volver. Sería más acertado decir que la prejubilación ha sido y es, fundamentalmente, una solución para las empresas que pretenden aligerar de costes y rejuvenecer sus plantillas, muchas veces a costa de desprenderse de quienes pueden aportar la sabiduría de una larga experiencia.

Hasta ahora habíamos analizado la prejubilación como un problema para la Seguridad Social, como un lujo, el de pagar una pensión de jubilación a partir de los 50 años, que difícilmente podría permitirse un país donde existen tantas demandas de tipo social. Sin embargo, los prejubilados en España empiezan a sentirse cada día más como un colectivo con problemas, entre otras cosas, porque la inflación tiene un efecto corrosivo sobre una pensión que no se actualiza con el tiempo. Por el hecho de ser un lujo que difícilmente puede permitirse una sociedad, y porque a la larga supone un serio problema para buena parte de los que disfrutan de ella, es plausible la propuesta del Gobierno de penalizar la jubilación anticipada. Desde ahora, la mayoría de los trabajadores no podrán acogerse a la jubilación anticipada si no han cumplido 61 años. Pese a todo, jubilarse antes de los 65 supondrá ver reducida la pensión de manera sustancial.

Es también muy importante que exista la posibilidad, para el que voluntariamente lo desee, de prolongar y premiar la vida laboral más allá de los 65 años. No tiene ningún sentido que el mercado expulse a un trabajador, cualquiera que sea el sector, por el solo hecho de llegar a una edad determinada sin atender a lo que aporta en ese momento y puede aportar en el futuro a la compañía, si es que desea mantener su actividad. Si el trabajador se mantiene en su puesto después de los 65 años podrá incrementar su pensión, siempre que haya cotizado quince ejercicios como mínimo. Estas medidas están contenidas en la propuesta que el Gobierno va a presentar a patronal y sindicatos dentro del acuerdo de reforma laboral que se negocia en los últimos meses.

[Fuente: elcomerciodigital.com]

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