El Gobierno trata de contentar a empresas y sindicatos con su reforma legal de los grandes planes de pensiones que, salvo cambios de última hora, será estudiada y aprobada por el Consejo de Ministros el viernes próximo. A través de un real decreto ley, el Ministerio de Economía y Hacienda limitará el alcance temporal de los cambios introducidos por el Ejecutivo del PP a finales del 2001, que consistían en establecer una representación paritaria de los agentes sociales en las comisiones de control de esos fondos. A cambio, las compañías dispondrán de un año más para exteriorizar sus premios de jubilación. El departamento que dirige el vicepresidente económico Pedro Solbes establecerá que esta condición sólo será aplicable a los planes de pensiones de empresas aprobados después de esa modificación, es decir, a partir del 1 de enero de 2002. Para los anteriores, respeta la tesis sindical de que dichos fondos fueron constituidos «bajo unas determinadas normas», de forma que cualquier variación en este marco legal implicaría «una alteración sustancial de las condiciones iniciales que, de haberse conocido antes, podrían haber conducido a las empresas y sus trabajadores a tomar decisiones muy distintas». De esta forma, y «salvo que la negociación colectiva acuerde otra cosa distinta», las comisiones de control establecidas hasta finales de 2001 podrán mantener una posición mayoritaria de las centrales sindicales, que dispondrán del 51% de representantes frente al 49% que quedarán en manos de las empresas.

Según las cifras que maneja la Administración, hay en vigor 1.730 planes de pensiones de empleo, en los que participan 1,3 millones de trabajadores y que manejan un volumen total de 27.403 millones de euros. Los más importantes (y, además, anteriores a 2002) son los creados por Telefónica (con 4.161 millones de euros, La Caixa (3.574 millones), BBVA (2.478 millones) y Endesa (2.127 millones), aunque también destacan los de Caja Madrid, Repsol, Iberdrola y Altadis. Para evitar posibles «inseguridades jurídicas» en su funcionamiento, que podrían llevar incluso al «bloqueo» de ese patrimonio, el Gobierno se ha visto obligado a introducir esos cambios antes del 1 de enero. El sábado próximo, último día del año, vencía la prórroga dada por el Ejecutivo para que empresas y sindicatos se adaptaran a las modificaciones introducidas en su día por el PP, algo a lo que ni unos ni otros parecían dispuestos por motivos distintos.

[Fuente: lavozdegalicia.es]

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