Los resultados de la reciente huelga ilegal efectuada en Nueva York por los empleados del sector del transporte han dejado ciertas secuelas. Los huelguistas han conseguido salvar su sistema de pensiones, pero han generado una gran incertidumbre social. La tormenta afecta tanto a las pensiones comprometidas por los organismos públicos, como a las que proporcionan los empleadores privados. La decisión de la Casa Blanca de obligar el próximo año a todas las agencias federales, estatales y locales a cuantificar sus compromisos de pensiones ha desencadenado la previsible alarma en un sector que, según las previsiones oficiales, apenas dispone del 50% de los fondos necesarios para asegurar el pago de las jubilaciones futuras. En estos casos, sólo hay dos soluciones: inyectar dinero fresco en los fondos de pensiones o forzar un cambio en las condiciones previamente pactadas. Ambas soluciones plantean serias dificultades y hacen prever duros enfrentamientos como el ocurrido hace unos días en Nueva York. Además, hay otro problema a corto plazo, el hecho de que la edad media pactada para la jubilación de los miles de trabajadores del sector público se haya situado en 55 años, lo que reduce a algo menos de una década el momento en que se deberá realizar el temible desembolso que afecta a la generación de los ‘babby boomers’, por el que tanto se ha preocupado Greenspan. En el sector privado, la situación es parecida.

En los últimos tres años, según un informe de PricewaterhouseCoopers, un tercio del total de los empleadores que proporcionan pensiones a su fuerza de trabajo ha optado por congelar las retribuciones finales previstas, eliminado las revalorizaciones referenciadas a distintos índices, como el IPC. Según los expertos del Centro para los Derechos de Jubilación, el número de trabajadores que se retirará en el próximo lustro suma ya 79 millones de personas.

La Autoridad del Transporte Metropolitano de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) accedió finalmente a mantener intactas las condiciones previstas para la jubilación tanto de los actuales empleados, como de los de nueva incorporación e incluso a realizar una aportación por trabajador (desde 8.000 a 14.000 dólares, según su antigüedad) para cubrir los desfases entre los compromisos asumidos y el dinero disponible. Fue un indiscutible triunfo de la movilización ilegal que, sin embargo, fracasó en el capítulo correspondiente a la cobertura sanitaria, en la que los empleados, como pasó antes con General Motors, aumentarán su cotización. Esa puede ser, según los expertos, la línea de negociación sindical en la lucha prevista: blindar las pensiones y aceptar mayores aportaciones en los seguros médicos.

[Fuente: americaeconomica.com]

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