Miembros de la Asociación de Ancianos sin Protección mantendrán sus reclamos por una ley de beneficios económicos y sociales, en suspenso hasta hoy por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. La normativa, aprobada por el Congreso en diciembre pasado, ha recorrido un camino accidentado desde que el presidente Oscar Berger la vetó y los diputados decidieron desconocer la decisión presidencial, lo cual hizo que el tema llegara hasta la Corte. El gobierno alega carecer de fondos suficientes para pagar una pensión a las personas de la tercera edad que están fuera de la cobertura de la seguridad social.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el 97 por ciento de los ancianos en Guatemala son pobres y al menos 350 mil no reciben ningún ingreso para sobrevivir. Héctor Montenegro, presidente de la Asociación Nacional de Personas de la Tercera Edad sin Cobertura Social, declaró que no están pidiendo ninguna limosna, sino un derecho que les corresponde. La garantía económica para este sector de la población es uno de los 12 compensadores sociales prometidos por el gobierno a fin de paliar los efectos de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Este miércoles unos dos mil ancianos realizaron una protesta ante la Corte de Constitucionalidad, por la decisión de ese órgano de amparar el veto presidencial. Los miembros del más alto tribunal guatemalteco informaron que están concientes de la necesidad de una ley que otorgue estos beneficios y negaron recibir presiones del presidente o del partido de gobierno para rechazarla. Aún con la aprobación de esta legislación, la vida de muchas personas de la tercera edad seguirá siendo precaria, toda vez que se establece una pensión de unos 67 dólares, cuando el costo de la canasta básica alimenticia ronda los 200.

[Fuente: prensalatina.com.mx]

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