España sigue dando pasos hacia el estado del bienestar, quizás demasiado cortos a juzgar por la comparativa realizada por el Eurobarómetro, que sitúa al país a la cola de Europa occidental en gasto social. Los avances que se han producido en los últimos años no parecen suficientes para responder a las exigencias actuales. Un buen ejemplo es Asturias. La orografía y el progresivo envejecimiento de la población incrementan los interrogantes en un territorio que demanda un compromiso más explícito que cambie la tendencia de la natalidad, que presenta una de las tasas más bajas del país.

El Principado asume las carencias e intentará convertirlas en virtud. Así se explica que el Gobierno regional acuda a la negociación de la financiación autonómica con la premisa de que el Estado acepte repartir el dinero en base a criterios como el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica, dejando a un lado las reivindicaciones de otras comunidades que reclaman el valor del aumento del censo o el empadronamiento de inmigrantes, precisamente un déficit al que debe hacer frente Asturias en los próximos años.

La existencia de un segmento de población importante de personas mayores otorgaba aún más relevancia en el Principado a la puesta en marcha de la propuesta ‘estrella’ del Gobierno socialista durante la última legislatura: la ley de Dependencia. Sin embargo, el desarrollo de la iniciativa se ha quedado corto. Según los últimos datos proporcionados por el Principado sólo un centenar de asturianos reciben prestaciones económicas y 3.300 acceden a prestaciones de servicios. Unos datos que no cubren la demanda actual, cifrada en torno a las 15.000 personas (número de solicitudes que se han presentado) o los 63.000 que el Imserso estima que tienen algún tipo de dependencia.

En una situación similar se encuentran los asturianos que intentan acceder a una de las plazas que ofrecen las residencias públicas. El PP recordaba que, en la actualidad, hay 1.800 personas a la espera de que sea atendida su solicitud. Una espera que, en algunos casos, «se prolonga durante cuatro años», según los populares.

Y la misma historia se repite a la hora de abordar las dificultades que tiene una persona discapacitada para recibir ayudas de la Administración para comprar una cama articulada o una silla de ruedas, afirma el PP.

La conclusión es que Asturias no llega a la media en servicios a mayores, pese a ser la región más envejecida de España junto a Castilla y León. La oferta en centros de día y ayuda a domicilio es menor que la media nacional, como la oferta de plazas geriátricas (una por cada 25 personas). Este es uno de los retos que debe abordar la Administración en una comunidad en la que hay más de 236.471 personas mayores de 65 años (21,8%) y la esperanza de vida se sitúa en los 80 años.

Un largo camino le queda por delante al Principado para igualarse a otras comunidades en lo que respeta a las ayudas familiares. Es igual de cierto que España no es precisamente un ejemplo a seguir. No hay que olvidar que es el único país de la UE que destina menos del 1% del PIB a la familia, mientras que en el resto de países este tipo de ayudas tiene «carácter universal», es decir, sin límites de renta.

Asturias era, hasta hace pocos meses, una de las dos comunidades -junto a Extremadura- que no recogía ninguna ayuda directa a las familias, según el Instituto de Política Familiar. La puesta en marcha de una línea de subvención de 500 euros, que complementan a los 2.500 del ‘cheque-bebé’ por nacimiento puede parecer insuficiente si se comparan con las actuaciones que promueven otras administraciones regionales y teniendo en cuenta que el Principado presenta una situación de «natalidad crítica», como la única comunidad con menos de un hijo por mujer (0,94).

La gran mayoría de regiones dispone de una amplia serie de prestaciones complementarias destinadas a núcleos monoparentales, que van desde programas de emergencia social para las familias más desfavorecidas económicamente a una extensa batería de ayudas y subvenciones para alguno o varios de sus miembros. Es el caso de las guarderías en las que tienen prioridad los hijos de las mujeres con cargas familiares. En Asturias, el apoyo se circunscribe al ámbito municipal, como el programa de intervención para mujeres con hijos a su cargo en Avilés y las ayudas económicas que gestiona el Ayuntamiento de Gijón.

Los expertos advierten de que sin políticas de ayuda a la natalidad será difícil lograr aumentos significativos en la cifra de nacimientos, que se sitúan en torno a los 7.500 anuales. Frente a las 12.500 muertes que se registran cada año en la región se parte de un balance negativo de 5.000 personas. El Principado elude hablar de subvenciones directas para frenar la pérdida de población y apuesta por «fijar salarios dignos y establecer medidas de conciliación familiar».

Uno de los aspectos en el que se centran los programas políticos ante las elecciones generales es definir cómo deben desarrollarse las políticas de conciliación que permitan compaginar la vida personal y laboral. Estas iniciativas, que fueron incluidas en la Ley de Igualdad aprobada durante la presente legislatura por el Ejecutivo socialista, no se han culminado y hoy todavía son pocas las personas que se benefician de las medidas puestas en marcha.

Otra de las asignaturas pendientes pasa por atender más y mejor la demanda de escuelas de 0 a 3 años y responder a las necesidades del ancho segmento que representa la clase media asturiana, que ni tiene recursos tan escasos como para recibir ayudas ni tan amplios para afrontar importantes gastos en solitario.

No son pocas las personas que reclaman, más allá de ayudas puntuales, un pacto entre patronal y sindicatos para flexibilizar los horarios de trabajo para llegar antes a casa. En Asturias, el acuerdo social incluye sólo una declaración de intenciones, pero pocas medidas prácticas más allá de apoyar una línea para la creación de guarderías infantiles.

Mayor grado de consenso suscita la Sanidad, el principal cimiento sobre el que se sustenta el estado del bienestar. Así, al menos, lo reflejan los estudios de opinión. Un sondeo del CIS aseguraba que los asturianos eran los españoles más satisfechos con su sanidad. Y eso a pesar de las listas de espera que muchos denuncian. No faltan tampoco las voces que reclaman una sanidad pública eficaz que, consideran, ahora no existe. Todo depende del cristal con el que se mire.

[Fuente: elcomerciodigital.com]

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