El presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, acaba de proponer que el sistema público de pensiones se transforme en un modelo mixto. En líneas generales, éste tendría dos líneas maestras: la primera, que consiste en que los trabajadores tengan derecho a una prestación pública que les garantice un nivel digno de vida por haber cotizado a la Seguridad Social durante su vida laboral, y la segunda, que se fundamenta en la obligación de tener un plan privado, y complementario, de la prestación pública. Como presidente de los empresarios, Díaz Ferrán está en la obligación de hacer esa propuesta dentro del diálogo social. No es baladí que, al mismo tiempo que el presidente de CEOE hace ese planteamiento, las patronales del seguro, Unespa, y de los fondos de inversión y de planes de pensiones, Inverco, pidan más ayudas fiscales para el ahorro.

Es positivo que los ciudadanos nos acostumbremos a ahorrar para el futuro como medida de disciplina en el gasto y de tranquilidad de las familias. Una de las cosas más relevantes de la actual crisis económica es la constatación de cuánta gente había viviendo por encima de sus posibilidades reales en la época de bonanza económica y como, desgraciadamente, se han disparado los impagados. Sobre todo, en las hipotecas de la vivienda.

Sin embargo, la propuesta de Díaz Ferrán y del sector asegurador y de los fondos de inversión no sólo se produce en el momento más inoportuno, sino que tiene varios matices que contradicen la idea de que el sistema complementario sea obligatorio. En primer lugar, porque es inconstitucional. En su artículo 41, la Carta Magna ordena al Gobierno “mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos” y establece que “la asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

En segundo lugar, si los planes de pensiones no terminan de triunfar es porque la mayoría de las familias vive al límite. Un dato reiterado por Estadística es que, alrededor del 60%, tiene dificultades para llegar a fin de mes con sus ingresos habituales. Fundamentalmente, las rentas del trabajo. La tasa de ahorro de los hogares está en el 10,3% de su renta disponible, la más baja de los últimos diez años. Todo ello está relacionado con la moderación salarial que ha habido en ese periodo como consecuencia, entre otras cosas, de la elevada contratación temporal y de la inmigración que, si cabe, ha aumentado el deterioro retributivo producido por la precariedad laboral. Incluso, Díaz Ferrán acaba de sugerir que los sueldos evolucionen por debajo de la inflación y que se elimine el Salario Mínimo Interprofesional, lo que, dicho sea de paso, contradice el acuerdo para la negociación colectiva que anualmente firma la patronal con los sindicatos.

En este contexto, y con una inflación del 4,5%, la más alta de los últimos trece años, es difícil pedirle a la familia común española que dedique una parte de sus ingresos a un plan de pensiones, para mejorar las cuentas de las entidades financieras y cuyos frutos no se verán hasta la jubilación. Es más, en estos momentos, muchos partícipes están perdiendo dinero, debido a la caída de la bolsa. Según Inverco, la rentabilidad media de los planes individuales, con una antigüedad de un año, ha bajado un 1,25%, y los de mayor duración crecen por debajo de la inflación. Incluso, como consecuencia de la caída de la Bolsa en muchos planes de pensiones las entidades financieras están quitando dinero de la cuenta del partícipe, mientras la prestación media de la Seguridad Social crece un 6% anual. De hecho, el encarecimiento de las hipotecas ha hecho que muchas familias haya convertido la casa en su verdadero plan de pensiones, porque ya no hay más capacidad de ahorro. Algunas propuestas, en según qué momentos, son muy inoportunas.

[Fuente: expansión.com]

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