El Gobierno regional ya tiene diseñada su estrategia para la negociación sobre el nuevo modelo de la financiación autonómica, en el que está en juego el 75 por ciento de los recursos económicos de la Administración regional, unos 3.800 millones de euros anuales. El Principado defenderá que se prime más el envejecimiento y menos el incremento de población, como piden otras comunidades.

Asturias es la segunda comunidad autónoma de España con más habitantes por encima de los 65 años, sólo por detrás de Castilla y León y por delante de Galicia. El peso de este segmento de la población en su estructura demográfica, según los datos que maneja el Principado, es del 21,91 por ciento, muy por encima de otras comunidades autónomas como Canarias (12,44 por ciento), Baleares (13,69 por ciento), Murcia (13,75 por ciento), Madrid (14,40 por ciento) y Andalucía (14,63 por ciento), que en los últimos años han visto crecer su población, especialmente por la llegada de inmigrantes.

Los argumentos del Gobierno asturiano apuntan también a cambios en la valoración de la población, el criterio que más peso tiene en la asignación de fondos en el actual modelo de la financiación, vigente desde 2002.

Mientras las comunidades más pujantes reclaman mayores compensaciones por haber visto aumentar su población por la llegada de inmigrantes, Asturias planteará ante el Ministerio de Economía Hacienda y al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están presentes todas las autonomías, una argumentación diametralmente opuesta.

«La inmigración no puede ser considerada una variable adicional a la hora de determinar el reparto», sostiene Vicente Álvarez Areces. El presidente del Principado cuestiona que el aumento de población inmigrante deba tener una incidencia especial en el futuro modelo de financiación por cuanto «es un hecho reconocido la contribución de los inmigrantes al crecimiento económico y al crecimiento de la recaudación tributaria. En consecuencia, carece de sentido incrementar el peso de la variable población», expuso Areces en su comparecencia ante la Junta General del Principado, a petición de los veinte diputados del PP. El presidente regional ve más adecuada la creación de fondos específicos en el caso de que se detectaran desequilibrios transitorios provocados por la inmigración.

El Ejecutivo regional se basa en los trabajos realizados por el grupo de análisis del gasto sanitario, del Ministerio de Economía y Hacienda, para argumentar que la población envejecida tiene un mayor impacto que los inmigrantes en los costes de servicios públicos, como los sanitarios y los sociales. Un usuario mayor de 75 años, según ese estudio, genera un gasto hasta cinco veces superior al de un ciudadano entre 15 y 44 años, abanico de edades en el que se encuadra la mayoría de los inmigrantes llegados a España en los últimos años. El Principado mantiene que «para aproximar mejor el coste real a las necesidades de gasto, en el caso de las competencias sanitarias, la ponderación de la población mayor de 65 años deberá ser claramente superior al 24,5 por ciento», una propuesta que planteará también en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La evolución del gasto sanitario es, precisamente, uno de los factores que, a juicio del Gobierno socialista, hacen necesaria una nueva reforma del sistema de financiación autonómica. El gasto sanitario en Asturias ha evolucionado en los últimos años muy por encima del Producto Interior Bruto (PIB) regional y también por encima de los recursos de la financiación. «Lo cierto es que el gasto sanitario se dispara y no teníamos mecanismos de revisión», planteó Areces en su discurso ante la Junta General. De ahí, que Asturias reclame ante la revisión del sistema de financiación la denominada «suficiencia dinámica» porque «todavía no hemos llegado a determinar el coste real de la prestación de los servicios en los diversos lugares del territorio», precisó Areces. El Principado considera que la suficiencia dinámica «es algo básico para poder hacer evolucionar el modelo y compensar a los territorios de manera distinta en función de su especificidad, de su orografía, de su insularidad y del envejecimiento».

La dispersión asociada a la orografía será el otro criterio que el Principado reclamará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Asturias es la segunda comunidad autónoma en dispersión, sólo por detrás de Galicia. Con 6.938 unidades singulares, Asturias tiene un índice de dispersión de 11,68 mientras que Murcia, por ejemplo, se queda en el 1,63. El Gobierno regional también defenderá que esta variable gane peso respecto al modelo vigente porque «una población dispersa, unida a una estructura orográfica complicada, incrementa enormemente los costes de prestación de los servicios públicos».

[Fuente: lne.es]

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